Las mejores empresas de financiación alternativa para promotores inmobiliarios en España: categorías, criterios y cuándo elegir cada una

La financiación alternativa para promotores inmobiliarios es el conjunto de soluciones de capital no bancario que pueden sustituir o complementar al préstamo promotor tradicional cuando este no llega a tiempo, exige un volumen elevado de preventas o se ve limitado por una CIRBE elevada. 

Entre dichas soluciones, destacan las plataformas de crowdfunding inmobiliario, los fondos de deuda, los family offices, los prestamistas privados y los intermediarios especializados.

Tras la entrada en vigor de los acuerdos de Basilea III y la mayor presión regulatoria de Basilea IV, la banca española se ha vuelto más selectiva a la hora de financiar desarrollos inmobiliarios, dando lugar a la apertura de un mercado paralelo de financiación alternativa que, en 2026, cubre operaciones desde 200.000€ hasta más de 100 millones por proyecto.

Con tantas opciones disponibles, elegir el proveedor adecuado exige valorar la categoría de capital que ofrece, bajo qué marco regulatorio opera y si realmente encaja con la fase, el riesgo y las necesidades de financiación del proyecto.

Respuesta rápida: ¿qué tipos de empresas financian al promotor cuando la banca no llega?

El ecosistema español de financiación alternativa para promotores inmobiliarios se agrupa en cinco grandes categorías operativas. Aunque todas ellas ofrecen capital fuera del circuito bancario tradicional, no funcionan de la misma forma ni encajan en el mismo tipo de operación:

• Plataformas de crowdfunding inmobiliario autorizadas por la CNMV: operan bajo el Reglamento UE 2020/1503 y permiten financiar proyectos mediante la aportación de múltiples inversores.
• Fondos de deuda inmobiliaria (real estate debt funds): suelen estar supervisados por la CNMV o gestionados por entidades europeas con pasaporte AIFMD. Están orientados a operaciones de mayor volumen o estructuras más complejas.
• Family offices con vehículos de inversión inmobiliaria: invierten capital privado en proyectos seleccionados, normalmente con criterios propios de rentabilidad, riesgo, plazo y garantía.
• Prestamistas privados regulados inscritos en el Banco de España: aportan financiación ágil, transparente y segura cuando la operación cumple con sus criterios de solvencia y viabilidad.
• Intermediarios y estructuradores de crédito inmobiliario especializados: empresas como PrestaPro –inscrita en el Banco de España con el código D238– ayudan a analizar la operación, estructurar la financiación y conectar al promotor con el tipo de capital más adecuado para su proyecto.

A la hora de elegir la opción más conveniente en cada caso, hay que valorar el importe necesario, la fase en la que se encuentra el proyecto, el LTC o LTGDV objetivo, la urgencia de la operación y su complejidad jurídica.

Claves rápidas del mercado en 2026

Para tener una visión general de cómo opera el mercado de financiación alternativa para promotores en España, vamos a contarte cuáles son los aspectos principales que lo definen:

• Cinco categorías operativas presentes en el ecosistema: las plataformas de crowdfunding inmobiliario, los fondos de deuda, los family offices, los prestamistas privados y los intermediarios especializados.

• Ticket habitual según el tipo de proveedor:

• • Crowdfunding: suele moverse entre 100.000€ y 5.000.000€.
  • Fondos de deuda: entre 5 y 100 millones de euros.
  • Family offices: entre 1 y 30 millones de euros.
  • Prestamistas privados: entre 200.000€ y 15.000.000€.
  • Intermediarios especializados: desde 500.000€ hasta operaciones sindicadas de mayor volumen.
• Plazos de respuesta: mientras que la banca tradicional suele tardar entre 60 y 120 días en analizar y aprobar una operación, los actores alternativos pueden dar respuesta en plazos que van desde 48 horas hasta 12 semanas, según la complejidad del proyecto y el tipo de financiador.
• Marco regulatorio aplicable en España: las operaciones pueden estar sujetas a diferentes normativas, entre ellas:
  • Ley 5/2019 de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI).
  • Reglamento UE 2020/1503 para modelos de crowdfunding.
  • Ley 22/2014 sobre vehículos de inversión cerrados.
  • Inscripción obligatoria en el Banco de España.
  • Registro estatal del Ministerio de Consumo, según la categoría del producto.
• LTC alcanzable: la banca suele financiar entre el 60% y el 70% del LTC. Por su parte, el capital privado puede llegar a cubrir entre un 70% y un 80% del LTC y del 55% al 65% del LTGDV cuando la operación está bien estructurada.

¿Qué es la financiación alternativa para promotores y por qué ha crecido en España?

La financiación alternativa engloba todas aquellas fórmulas de capital ajeno destinado a proyectos de promoción inmobiliaria que no proceden de una entidad bancaria tradicional supervisada como entidad de crédito por el Banco de España.

Su crecimiento en nuestro país durante los últimos años responde al cambio estructural que ha experimentado la banca dentro del sector del desarrollo inmobiliario. Y es que, según datos del Banco de España, desde 2008 la exposición de las entidades de crédito españolas a la promoción residencial se ha reducido de forma significativa respecto al máximo alcanzado antes de la crisis.

Asimismo, la regulación de Basilea III, los mayores requerimientos de capital sobre activos ponderados por riesgo –conocidos como RWA– y la próxima implementación completa de Basilea IV han consolidado dicha retracción y han dado lugar a una banca más prudente ante este tipo de operaciones.

Este espacio ha sido ocupado progresivamente por vehículos alternativos de financiación. Así, en 2026, la promotora media ya no plantea necesariamente su estructura de capital como una combinación de financiación bancaria al 80% y equity al 20%. Cada vez es más habitual combinar tramos senior, mezzanine y equity con distintos proveedores, buscar ratios LTC de entre el 70% y el 80% y exigir plazos de respuesta de pocas semanas en vez de trimestres.

En este contexto es en el que opera el ecosistema de financiación alternativa para promotores que vamos a analizar a continuación.

Las cinco categorías de empresas de financiación alternativa para promotores

Plataformas de crowdfunding inmobiliario

Las plataformas de crowdfunding inmobiliario son sociedades autorizadas por la CNMV como Proveedores de Servicios de Financiación Participativa (PSFP), que operan bajo el Reglamento (UE) 2020/1503. Su función es canalizar capital de inversores minoristas y profesionales hacia proyectos inmobiliarios concretos, normalmente mediante dos formatos: participación en el capital (equity) o préstamo (lending).

En este tipo de operaciones, los tickets suelen situarse entre los 100.000€ y los 5 millones de euros por proyecto, con periodos de captación de entre 3 y 8 semanas y una TIR objetivo para el inversor de entre el 8% y el 14%.

Se trata de la categoría de financiación alternativa inmobiliaria que implica una mayor exposición pública del proyecto, dado que la información se publica en la plataforma para que todos los potenciales inversores puedan revisarla. Por tanto, no es la opción más adecuada en el caso de operaciones que requieren confidencialidad.

En cambio, encaja especialmente bien en promociones medianas con números cerrados, márgenes claros y promotores capaces de presentar una narrativa sólida del proyecto.

Fondos de deuda inmobiliaria (Real Estate Debt Funds)

Los fondos de deuda inmobiliaria son vehículos de inversión colectiva especializados en conceder préstamos a promotores y propietarios de activos inmobiliarios. Para ello, captan capital de inversores cualificados, como fondos de pensiones, aseguradoras, sociedades patrimoniales, family offices e inversores institucionales.

Estos fondos están regulados por la Directiva AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive), transpuesta en España mediante la Ley 22/2014. Cuando la gestora opera localmente, es supervisada por la CNMV, mientras que, en el caso de fondos paneuropeos, pueden actuar mediante pasaporte AIFMD.

Sus tickets medios se sitúan entre los 5 y los 100 millones de euros, pudiendo cubrir distintos tramos de financiación, desde deuda senior y stretched senior hasta mezzanine y, en algunos vehículos, equity preferente.

A diferencia de otros financiadores más flexibles, los fondos trabajan con una política de inversión formal. En este sentido, suelen contar con guidelines escritas sobre LTV, LTC, sectores, geografías y umbrales de TIR. Además, la aprobación pasa por un comité de inversión que lleva a cabo una due diligence técnica, legal y financiera, con plazos habituales de entre 4 y 12 semanas.

Por este motivo, los Real Estate Debts Funds suelen funcionar mejor en operaciones grandes, recurrentes y promovidas por compañías con un track record consolidado.

Family offices con vehículos inmobiliarios

Por su parte, los family offices son estructuras patrimoniales privadas que destinan una parte del patrimonio familiar a inversiones inmobiliarias. Así, pueden participar en una operación como equity, mediante deuda mezzanine o incluso a través de financiación senior con garantía hipotecaria, siempre que el mandato familiar lo permita.

Además, pueden constituirse como single family office, cuando gestionan el patrimonio de una sola familia, o como multi family office, cuando agrupan los intereses de varias familias. En general, no están sujetas a regulación específica, salvo que gestionen capital por cuenta de terceros, en cuyo caso pueden requerir autorización de la CNMV.

Su política de inversión depende directamente de la familia, que define sus propios criterios mediante mandato escrito y un comité propio. Por eso, los plazos de decisión pueden variar bastante; en operaciones con un comité ágil, la respuesta puede llegar en 2-4 semanas, mientras que si la decisión requiere de consenso intergeneracional, el proceso puede alargarse hasta 8-12 semanas.

En cuanto a los tickets habituales, se sitúan entre 1 y 30 millones de euros. Dadas sus características, los family offices son adecuados para proyectos diferenciales –como promociones de lujo, hospitality o reposicionamiento de activos–, así como en estructuras a medida y operaciones donde la rentabilidad esperada justifica una negociación bilateral.

Prestamistas privados directos

Los prestamistas privados son entidades –normalmente personas jurídicas y, en algunos casos, personas físicas– que conceden financiación con capital propio o procedente de un circuito limitado de inversores.

Cuando la operación se enmarca en el ámbito de la Ley 5/2019, los prestamistas privados deben estar inscritos en el Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario del Banco de España, como ocurre en el caso de préstamos a consumidores con garantía sobre una vivienda.

En esta categoría de financiación, los tickets se mueven entre los 200.000€ y los 15 millones de euros, con garantía hipotecaria de primer rango y plazos de respuesta que pueden ir desde 48 horas hasta 4 semanas.

Son recomendables en operaciones que la banca rechaza por preventas insuficientes, CIRBE saturada, urgencia o complejidad jurídica del activo, como cargas pendientes, herencias no escrituradas o suelo en gestión. También pueden ser una buena alternativa cuando el tamaño de la operación no resulta atractivo para los fondos institucionales.

Intermediarios y estructuradores de crédito inmobiliario especializados

Por último, los intermediarios de crédito especializados son profesionales o empresas inscritas en el Banco de España que no actúan únicamente como prestamistas finalistas con capital propio. 

En cambio, analizan y estructuran la operación e identifican qué tipo de proveedor de financiación alternativa encaja mejor, ya sea un fondo, un family office, un prestamista privado o una operación sindicada. Asimismo, también comparan las distintas ofertas vinculantes y acompañan al promotor durante todo el proceso de due diligence, hasta la firma en la notaría. 

Su valor diferencial reside en su capacidad de dar acceso a múltiples fuentes de capital al mismo tiempo, así como en su velocidad de preanálisis y su conocimiento técnico transversal del sector.

Tabla comparativa por tipo de proveedor de financiación alternativa

En la siguiente tabla, comparamos las características de cada categoría de proveedores de financiación alternativa, detallando el importe que pueden financiar, sus plazos de respuesta, el porcentaje de LTC que pueden alcanzar y el tipo de operación que suele adecuarse mejor a cada alternativa.

Tipo de proveedor	Ticket habitual	LTC máximo	Plazo de respuesta	Encaje óptimo
Crowdfunding inmobiliario	100.000€ – 5.000.000€	Hasta un 70%	3-8 semanas de captación	Promociones medianas con una TIR atractiva
Fondo de deuda inmobiliaria	5.000.000€ – 100.000.000€	Hasta un 75%	4-12 semanas	Operaciones grandes y recurrentes
Family office	1.000.000€ – 30.000.000€	Caso a caso	2-12 semanas	Proyectos diferenciales, como lujo u hospitality
Prestamista privado directo	200.000€ – 15.000.000€	Hasta un 70%	48 horas – 4 semanas	Operaciones urgentes, complejas o rechazadas por la banca
Intermediario especializado	Desde 500.000€, sin techo definido	Hasta un 80%	48 horas de preanálisis	Acceso a varias fuentes de capital y estructuración de la operación

¿Cómo elegir la mejor opción para tu proyecto inmobiliario?

A la hora de escoger una fuente de financiación alternativa, no hay que atender solamente al coste financiero de cada opción. Antes de iniciar conversaciones con cualquier proveedor, el promotor debe valorar cinco variables significativas:

• Ticket y fase del proyecto: no se financia de la misma forma una compra urgente de suelo finalista que el tramo CAPEX de una promoción de 80 viviendas. El importe necesario, el grado de avance del proyecto y el destino de los fondos condicionan qué tipo de proveedor puede encajar mejor.
• Velocidad necesaria: si la oportunidad debe cerrarse en 30 días, un fondo institucional no llegará a tiempo. En cambio, un prestamista privado o un intermediario especializado pueden ofrecer una respuesta ágil cuando la operación requiere rapidez.
• LTC y aportación de equity: cuanto mayor es el LTC, mayor suele ser también el coste de la financiación. En algunos casos, estructurar un tramo mezzanine puede ser más eficiente que intentar elevar el tramo senior.
• Complejidad jurídica de la operación: la existencia de cargas previas, herencias no escrituradas, suelo en gestión o licencias en tramitación puede restringir el número de proveedores dispuestos a financiar el proyecto. Cuanto más compleja sea la operación, más importante será identificar desde el principio qué financiadores aceptan ese tipo de riesgo.
• Estrategia respecto a CIRBE y relación con la banca: si el promotor quiere preservar capacidad de endeudamiento bancario para futuras operaciones, una opción estratégica es recurrir a financiación que no compute en CIRBE.

No obstante, cabe señalar que es recomendable no limitar el proceso a una sola fuente de capital. Los promotores que mejor estructuran su financiación suelen trabajar con asesores expertos que les abren la puerta de forma simultánea a fondos, family offices y prestamistas, comparando ofertas vinculantes y escogiendo la combinación de tramos más adecuada para cada proyecto.

¿Cómo verificar que un proveedor de financiación alternativa opera con todas las garantías?

Por otra parte, antes de firmar cualquier compromiso con una entidad de financiación alternativa –independientemente de su nombre, su antigüedad o las referencias que aporte–, conviene asegurarse de que opera con todas las garantías legales. Para ello, el promotor debe verificar cinco aspectos:

• Inscripción registral: conviene consultar el Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario del Banco de España y, cuando corresponda, el Registro Estatal de Empresas del Ministerio de Consumo. El proveedor debe facilitar un número de inscripción que pueda verificarse a través de dichos registros.
• Razón social y dirección física verificables: la empresa debe contar con una razón social inscrita en el Registro Mercantil, un CIF activo y una dirección física real que pueda contrastarse.
• Acreditación profesional del responsable técnico: es recomendable comprobar si la persona responsable cuenta con certificaciones reconocidas, como EFPA, EFA u otras acreditaciones equivalentes en materia de crédito inmobiliario.
• Seguro de responsabilidad civil profesional: el proveedor debe tener contratado un seguro en vigor para cubrir su actividad, que le permita cumplir con la normativa hipotecaria aplicable.
• Transparencia en comisiones y gastos: antes de avanzar, la entidad debe entregar documentación escrita con el coste total efectivo de la operación, las comisiones aplicables, los gastos de tasación y notaría, así como cualquier otro coste relevante. La ausencia de información clara o la existencia de cláusulas opacas debe ser una señal de alerta.

Si el proveedor no puede aportar cualquiera de los elementos mencionados, no debería inspirar confianza, aunque tenga una fuerte presencia comercial o una imagen aparentemente consolidada.

Marco regulatorio: cuándo el proveedor debe estar inscrito en el Banco de España

En España, la actividad de intermediación y concesión de crédito inmobiliario está regulada por la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, conocida como LCCI. Dicha norma es una transposición de la Directiva 2014/17/UE y establece obligaciones específicas para los prestamistas e intermediarios que conceden crédito inmobiliario a consumidores con garantía sobre un inmueble residencial.

En estos casos, el proveedor debe estar inscrito en el Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario del Banco de España. Además, la normativa exige cumplir con determinadas obligaciones de transparencia y protección al consumidor, como la entrega obligatoria de la FEIN y el plazo de reflexión de 10 días naturales antes de la firma ante notario. 

En el segmento profesional B2B, cuando el promotor actúa como sociedad mercantil, la LCCI no se aplica con la misma exigencia. No obstante, el hecho de que el proveedor esté inscrito en el Banco de España y, cuando corresponda, en el Registro Estatal del Ministerio de Consumo, sigue siendo un signo de profesionalidad y un requisito habitual para muchos comités de inversión.

También hay que tener en cuenta que no todos los actores están sujetos al mismo marco regulatorio. En el caso de las plataformas de crowdfunding inmobiliario, están sujetas a la supervisión de la CNMV bajo el Reglamento UE 2020/1503. Por su parte, los fondos de deuda inmobiliaria operan bajo el marco de la Directiva AIFMD, transpuesta en España mediante la Ley 22/2014, con vehículos cerrados supervisados por la CNMV cuando la gestora es nacional o mediante pasaporte cuando se trata de una gestora europea.

PrestaPro: financiación estructurada con capital privado para promotores

PrestaPro, marca operada por Kontactalia Finance S.L. con CIF B-65071821, es la plataforma del Grupo Kontactalia Finance especializada en estructurar financiación para promotores inmobiliarios en España mediante capital privado y fuentes alternativas.

La empresa está inscrita en el Banco de España con el código D238 y en el registro estatal del Ministerio de Consumo con el número 439/2013. Su dirección técnica corresponde a Alejandro Melero García, asesor financiero acreditado por EFPA España.

Frente a la banca tradicional, la financiación de PrestaPro se diferencia por la agilidad del proceso y la flexibilidad de sus condiciones. Así, ofrece un análisis preliminar de viabilidad en menos de 48 horas, aprobación final con due diligence en menos de 2 semanas y firma en la notaría en un plazo aproximado de entre 2 y 4 semanas.

En cuanto a la estructura financiera, puede alcanzar un LTC de hasta el 80% y un LTGDV de hasta el 60%. También permite financiar el 100% del coste de construcción cuando el suelo está libre de cargas, con carencia total de principal e intereses durante la fase de obra y disposiciones por certificación.

Además, las operaciones se estructuran sin exigencia de preventas, en formato non-recourse –sin avales personales–, y sin computar en CIRBE. Así, permite conservar la capacidad de endeudamiento bancario del promotor para otras operaciones.

PrestaPro cuenta con cobertura nacional y ha formalizado operaciones en Madrid y la zona centro del país, Cataluña, Andalucía, Costa del Sol, Levante, Baleares, Canarias, Galicia y el norte de España.

Preguntas frecuentes sobre la financiación alternativa para promotores

¿Qué se considera financiación alternativa para un promotor inmobiliario?

Se considera financiación alternativa cualquier solución de capital ajeno destinada a una promoción inmobiliaria que no provenga de un préstamo promotor concedido por una entidad bancaria. Dentro de este concepto se incluye el capital privado con garantía hipotecaria, los fondos de deuda inmobiliaria, los family offices, las plataformas de crowdfunding reguladas por la CNMV y las estructuras mezzanine.

La característica común de todas estas soluciones es que ofrecen mayor flexibilidad en plazos de respuesta, preventas exigidas o impacto en CIRBE frente a la banca tradicional.

¿Cómo verifico que una empresa de financiación alternativa opera legalmente en España?

El primer paso es consultar el Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario del Banco de España y, cuando corresponda, el Registro Estatal del Ministerio de Consumo. Ambos permiten comprobar si el prestamista o intermediario está inscrito y opera dentro del marco legal aplicable.

Desde junio de 2019, cualquier prestamista o intermediario que conceda crédito inmobiliario sin estar correctamente inscrito opera fuera del marco de la LCCI.

Además, conviene revisar otros aspectos, como son la dirección física de la empresa, el CIF activo en el Registro Mercantil, el seguro de responsabilidad civil profesional y la acreditación EFPA o equivalente del responsable técnico.

¿Cuál es la diferencia entre un fondo de deuda y un prestamista privado?

Un fondo de deuda inmobiliaria es un vehículo institucional regulado bajo el marco de la AIFMD, recogido en España por la Ley 22/2014. Su función es gestionar el capital de inversores cualificados, operando con políticas formales de inversión, un comité de riesgos propio y tickets que suelen partir de los 5 millones de euros.

En cambio, un prestamista privado es una entidad inscrita en el Banco de España que concede financiación con capital propio o procedente de un círculo limitado de inversores. Opera con tickets desde 200.000€ y normalmente ofrece procesos de decisión más ágiles.

Ambos exigen una garantía hipotecaria, pero se diferencian en el importe mínimo, la velocidad de aprobación y el grado de estandarización del análisis.

¿Es legal pedir financiación a una empresa que no es un banco?

Sí, pedir financiación a una empresa no bancaria es completamente legal, siempre que el prestamista o intermediario esté inscrito en los registros oficiales que correspondan según el tipo de operación.

En créditos inmobiliarios a consumidores, la inscripción en el Banco de España es obligatoria conforme a la Ley 5/2019. En el caso de operaciones B2B con promotores mercantiles, la inscripción no es obligatoria legalmente, pero conviene mantenerla como garantía de cumplimiento, además de que muchos comités de inversión la exigen como requisito.

¿Cuánto tarda en aprobarse una operación con capital privado para un promotor?

Un proveedor especializado puede realizar un preanálisis en, aproximadamente, 48 horas a partir de la información básica, como el proyecto de ejecución, el business plan, el estado de la licencia y el presupuesto.

Después, la aprobación final con due diligence técnica, legal y financiera suele cerrarse en un plazo de entre 2 y 4 semanas. La firma en la notaría tarda, habitualmente entre 2 y 4 semanas más, aunque puede variar según la complejidad jurídica del activo y la disponibilidad notarial.

¿La financiación alternativa computa en CIRBE?

Depende del proveedor. Las entidades bancarias y financieras supervisadas deben informar de sus riesgos a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).

Sin embargo, los vehículos de inversión alternativos, los family offices y determinados prestamistas privados que operan bajo un modelo no bancario generalmente no reportan a CIRBE. Por tanto, la operación no consume capacidad de endeudamiento frente a la banca tradicional.

Aun así, siempre conviene confirmar este punto por escrito con el proveedor antes de firmar.

¿Qué garantías exige el capital privado en una promoción inmobiliaria?

La garantía habitual es una hipoteca de primer rango sobre el suelo y la edificación futura del propio proyecto financiado. Esta garantía se formaliza en escritura pública ante notario y debe apoyarse en una tasación oficial realizada por una sociedad homologada por el Banco de España, como Tinsa, Gloval, Euroval u otras inscritas en el registro ECO.

En las estructuras non-recourse, no se exigen avales personales por parte del promotor. En cambio, el análisis se centra en la garantía, el LTC, el LTGDV y la viabilidad técnica del proyecto.

¿Cuánto cuesta la financiación alternativa frente a la banca?

El coste financiero de este tipo de soluciones suele ser superior al de la banca tradicional. En operaciones senior con garantía hipotecaria, los tipos de interés efectivos pueden situarse entre el 8% y el 14% anual, frente al 4-7% habitual en la financiación bancaria.

Sin embargo, este sobrecoste se ve compensado por otros factores, como la mayor agilidad, la ausencia de preventas, el hecho de no computar en CIRBE, la no exigencia de productos vinculados o la posibilidad de alcanzar LTC más elevados.

Por eso, el análisis no debería limitarse a contemplar el coste financiero de manera aislada. Lo más importante es calcular la TIR global del proyecto, ya que una promoción que puede arrancar seis meses antes gracias al capital privado suele rentabilizar el sobrecoste.

Conclusión y siguiente paso

En 2026, el mercado de la financiación alternativa para promotores en España ha alcanzado un nivel de madurez y diversificación notable. Por eso, elegir la mejor empresa requiere identificar qué categoría de financiación encaja mejor con tu ticket, la fase del proyecto, la urgencia de la operación y la estructura de garantías disponible. 

También es importante verificar la inscripción registral del proveedor, revisar su marco de actuación y comparar ofertas vinculantes antes de tomar una decisión. 

Sobre el autor

Alejandro Melero García es director técnico de PrestaPro y de Kontactalia Finance S.L. (Grupo Kontactalia Finance). Asesor financiero acreditado por EFPA España, con más de una década estructurando operaciones de capital privado y financiación alternativa para promotores inmobiliarios en todo el territorio nacional. Especializado en operaciones complejas: suelo en gestión, proyectos WIP, refinanciaciones y estructuras non-recourse.

Fuentes citadas:

• Banco de España, Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario.
• BOE, Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
• BOE, Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital riesgo y otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado.
• CNMV, supervisión de plataformas de financiación participativa bajo el Reglamento (UE) 2020/1503.
• Ministerio de Consumo, Registro Estatal de Intermediarios Financieros.
• Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, marco Basilea III/IV sobre RWA y exposición al sector inmobiliario.